Preguntas Frecuentes Sobre Cargos Por Drogas

P: ¿Cuál es la labor de un “gran jurado” en un caso por drogas?

R: Un gran jurado es un grupo de personas al que se le presenta evidencia relativa a una presunta actividad ilícita y se le solicita que decida si existe “causa probable”, es decir, la creencia razonable de que se ha cometido un delito. Si el gran jurado decide que hay suficiente evidencia para juzgar a una persona, declarará procedente la acusación por un delito particular. La Quinta Enmienda de la Constitución de Estados Unidos ordena que los cargos por todo delito “infame” y castigado con la pena capital, se deben aplicar mediante una acusación formal emitida por un gran jurado. La enmienda se ha interpretado como el requerimiento de una acusación formal, a través de la cual se aplican los cargos por todo delito federal, incluidos cargos federales por drogas, a menos que el imputado renuncie a su derecho a ser acusado. Sin embargo, la Corte Suprema ha concluido que los estados no están obligados a cumplir esta parte de la Quinta Enmienda.

P: ¿De qué manera el fiscal decide qué casos por drogas llevar a juicio?

R: Lo primero que busca el fiscal es un caso legalmente sólido o uno sin defectos obvios que hagan que el caso sea desechado en tribunales, como por ejemplo, violaciones de los derechos constitucionales del acusado o destrucción de evidencia crucial para la defensa. A continuación, el fiscal decide si hay suficiente evidencia, con relación a la cantidad y calidad de ésta, para obtener una probable condena. Finalmente, decide si llevar el caso a juicio encaja con los objetivos de política de la oficina o si se necesita una disposición más informal, como una asesoría o tratamiento contra las drogas.

P: ¿Puede un acusado admitir su culpabilidad a cambio de una sentencia reducida en un caso relacionado con drogas?

R: La admisión de culpabilidad a cambio de una sentencia reducida, que implica negociar con el fiscal para reducir los cargos y minimizar el castigo, se permite en casos de delitos relacionados con drogas. Por ejemplo, una persona acusada de tres delitos distintos relacionados con drogas – posesión, posesión para la venta y transporte de drogas – puede negociar la reducción del cargo a posesión simple a cambio de declararse culpable de dicho cargo.

P: ¿Qué defensa se puede hacer de un caso relacionado con drogas?

R: La defensa más común en un caso relacionado con drogas es rebatir el allanamiento e incautación que resultó en el hallazgo de las drogas por parte de la policía. Si la policía violó los derechos de la Cuarta Enmienda del acusado, el tribunal puede detener o desechar la evidencia obtenida en un allanamiento e incautación ilegal. La fiscalía tendrá entonces mucha menos evidencia para probar el caso y entonces este sería desechado.

P: ¿Puede un acusado ser absuelto si consumía drogas al momento de cometerse el delito?

R: Los acusados que cometan delitos bajo la influencia de las drogas, a veces pueden argumentar que su funcionamiento mental estaba tan deteriorado que no deberían ser responsabilizados por su conducta. Sin embargo, por lo general, el deterioro voluntario no excusa la conducta criminal, ya que las personas saben o deberían saber que las drogas afectan el funcionamiento mental y que, por lo tanto, deben ser legalmente responsables si cometen un delito como resultado de su uso voluntario. Podría haber una excepción a esta regla en casos que involucren un delito que requiera una “intención específica”, el infractor debe haber tenido la intención de cometer el delito, pero se cuestiona dicha intención por haber estado bajo la influencia de las drogas.

P: ¿Cuál es la diferencia entre libertad bajo palabra y libertad condicional?

R: Libertad bajo palabra y libertad condicional se emplean en la fase de aplicación de penas del proceso de justicia penal. La libertad bajo palabra entra en juego luego de que una persona ha sido encarcelada y es liberada sujeta a la supervisión de un funcionario del tribunal. Por otro lado, la libertad condicional frecuentemente se aplica a delitos menos graves o cometidos por primera vez y, por lo general, implica la liberación de un condenado en una comunidad sujeta a ciertos términos y condiciones. Ambos tipos de libertad pueden incluir condiciones adicionales, como asistir a clases educativas sobre drogas o recibir un tratamiento contra las drogas.

P: ¿A los niños que han sido acusados de delitos relacionados con crímenes se les procesa como a los adultos?

R: Generalmente, los niños están sujetos a un sistema judicial distinto denominado tribunal de menores. Comúnmente, el tribunal de menores se enfoca más en la rehabilitación que en el castigo. Sin embargo, en algunos casos, los menores de mayor edad que cometen delitos más graves serán procesados como adultos y enjuiciados en tribunales penales regulares. En tales casos, su condena también será más acorde a la de un adulto, a diferencia de un tribunal de menores, donde cualquier encarcelamiento transcurre en una instalación de rehabilitación y finaliza una vez que el menor alcanza la mayoría de edad.

P: ¿Necesito un abogado que me represente incluso si soy inocente?

R: Toda persona acusada de un delito necesita un abogado. Es probable que los acusados inocentes necesiten con mayor razón un abogado enérgico que los represente durante todo el proceso penal, a fin de garantizar que se protejan sus derechos y que prevalezca la verdad. Incluso las personas inocentes terminan yendo a prisión, por lo tanto, la mejor forma de prevenir esos errores de la justicia es hacer uso de los servicios de un especialista en derecho penal con experiencia en la defensa de personas acusadas de delitos relacionados con drogas.

P: Si pienso declararme culpable ¿Para qué necesito un abogado?

R: Aún cuando sea culpable de los cargos por drogas, es imperativo que busque la asesoría de un abogado experimentado, para que pueda minimizar su condena y maximizar las oportunidades de un futuro mejor. Los abogados penalistas son necesarios para lograr un equilibrio entre el poder del acusado y la fiscalía y para garantizar que se respeten los derechos constitucionales de todos los imputados, ya sean culpables o no.