La parte más estresante de ser un acusado en un caso de delitos patrimoniales -o en cualquier otro caso criminal- son los potenciales castigos que enfrentará en caso de una condena. La mayoría de los acusados de un delito patrimonial no tienen experiencia previa con el sistema de justicia penal y, comprensiblemente, la incertidumbre sobre su futuro les genera gran angustia. Además de sanciones penales, muchos delitos patrimoniales pueden dar lugar a demandas civiles presentadas por el gobierno estatal o federal o por las víctimas del delito. Una responsabilidad civil impuesta como resultado de estas demandas es adicional a las sanciones impuestas en el caso criminal y no un sustituto para estas. Un abogado de defensa de delitos patrimoniales puede darle información específica sobre las posibles sanciones en su caso particular. Llame hoy mismo para programar una consulta.

SANCIONES PENALES

Las sanciones penales por delitos patrimoniales varían. La mayoría de las leyes autorizan una multa pecuniaria, una sentencia a prisión o una combinación de ambas. Las leyes penales autorizan sanciones máximas que a menudo son considerablemente severas. Sin embargo, la mayoría de los acusados reciben una sentencia menor a la máxima. Los tribunales a menudo siguen los criterios para sentencias, que podrían variar dependiendo de la jurisdicción. Estos criterios tienen como propósito garantizar que las sentencias sean uniformes, por lo que los jueces sentenciadores en ocasiones tienen muy poca facultad para decidir la sentencia que se impondrá. Los criterios toman en cuenta el delito por el que se condenó al acusado y cualquier antecedente penal que este tenga. En algunos casos, el tribunal puede tomar en consideración factores que le permitan hacer excepciones o imponer una sentencia distinta de aquellas requeridas por los criterios.

Los acusados que no tengan antecedentes penales significativos pueden ser sentenciados a libertad condicional, una sentencia suspendida o una condena a prisión mucho más corta que el máximo. Se les pueden imponer multas y quizás deban renunciar a cualquier ganancia o pagar una restitución a sus víctimas.

EL MITO DE LA "SENTENCIA FÁCIL"

Existe la creencia entre muchos miembros del público de que los acusados sentenciados por delitos patrimoniales reciben "sentencias fáciles" en instituciones cómodas de mínima seguridad. Este es un mito.

Si bien muchas sentencias por delitos patrimoniales se cumplen en instituciones de mínima seguridad, no hay ninguna garantía de que este será el caso. La decisión sobre en dónde cumplirá su sentencia una persona condenada de un delito por lo regular es un asunto que se deja a discreción de las autoridades correccionales (en el sistema federal, este sería la Federal Bureau of Prisons, o Agencia Federal de Prisiones). Si bien se hacen esfuerzos por colocar a los prisioneros en la instalación adecuada, no es un hecho que un acusado de delitos patrimoniales siempre vaya a ir en una prisión de mínima seguridad.

RESPONSABILIDAD CIVIL

Tras un proceso penal por delitos patrimoniales, el gobierno, las víctimas del delito o ambos podrían presentar un proceso civil.

Un proceso civil presentado por el gobierno podría buscar la rendición -devolución al gobierno de cualquier ganancia obtenida debido al delito- restitución o reembolso a las víctimas de la ofensa u otros daños que pueda prescribir la ley. En algunos casos, el gobierno podría ser capaz de buscar la incautación de bienes, lo que significa que cualquier cosa que haya adquirido con las ganancias del delito sería incautada por el gobierno.

Las víctimas de delitos patrimoniales podrían elegir presentar sus propios procesos civiles. Estos procesos buscarían recuperar cualquier pérdida financiera sufrida a causa del delito.

CONSECUENCIAS SOCIALES Y EN EL EMPLEO

Además de las sanciones penales y civiles, una persona condenada de un delito patrimonial puede tener problemas para encontrar empleo y quizás enfrente estigmatización social. Debido a que muchos delitos patrimoniales involucran engaño o deshonestidad, los empleadores pueden dudar en contratar a un individuo que haya sido condenado de un delito de este tipo. Asimismo, una condena penal puede evitar que una persona obtenga una licencia profesional o causar que alguien pierda dicha licencia.

Además, si una persona que no sea ciudadana de los Estados Unidos es condenada de un delito, puede enfrentar expulsión y otros problemas migratorios. Por ejemplo, si un residente legal permanente, que está viviendo y trabajando de manera legal en los Estados Unidos con una visa de trabajo, es condenado de un delito patrimonial, podría ser expulsado del país. Además de la expulsión, una condena podría tener un efecto adverso en la capacidad del residente legal permanente de convertirse en ciudadano de los Estados Unidos.

HABLE CON UN ABOGADO DE DEFENSA CRIMINAL

El potencial de responsabilidad civil además de la responsabilidad penal es un inquietante factor adicional para tener en mente al prepararse para defenderse de un proceso criminal por delitos patrimoniales. Es importante consultar a un abogado experimentado que haya trabajado en procesos criminales y patrimoniales para aprender más sobre posibles responsabilidades. Comuníquese con Frank Rubino en línea o llame al 866-718-3994 para programar una cita. Desde su oficina principal en Miami, Florida, el abogado Frank Rubino atiende a clientes de todo el mundo.