Cargos federales por drogas

El sistema judicial de Estados Unidos se divide en tribunales (cortes) estatales y federales. Si una persona acusada de un delito relacionado con drogas es procesada o no en el sistema penal federal o estatal, depende de las leyes que se violaron y de las políticas y procedimientos de cada sistema judicial. De los millones de procesos judiciales por delitos graves presentados cada año, sólo un pequeño porcentaje se registra en el sistema federal. Generalmente, un comportamiento criminal particular violará tanto la ley estatal como la ley federal. En teoría, el infractor podría ser procesado en ambos sistemas por la misma actividad criminal, pero en la práctica rara vez sucede. La mayoría de los fiscales federales y estatales dividen los cargos penales en base a la disponibilidad de recursos, a qué ley se ajusta mejor a la conducta delictiva, al castigo disponible en cada sistema y a las consideraciones políticas de cada sistema. Si es acusado de un delito relacionado con las drogas, es crucial que se comunique con un abogado con amplia experiencia en ambos sistemas - llame a un abogado de Frank A. Rubino, Esq. en Miami, Florida, para que lo asesore en cualquier nivel judicial.

La principal ley federal aplicada en casos relacionados con drogas es la Ley de Control y Prevención de Abuso de Drogas, que codificó la ley federal de drogas en un sistema uniforme. La Ley clasifica las drogas en cinco categorías, enlistadas en anexos y establece requerimientos reguladores y sanciones para el mal uso de las drogas en cada anexo. La Ley también permite que el Procurador General de Estados Unidos, si es necesario, agregue nuevas drogas a los anexos. La mayoría de los estados cuenta con leyes sobre drogas similares a la ley federal, pero las sanciones pueden ser menos severas y más flexibles que las directrices federales de condena, de acuerdo a los esquemas de sentencia estatales. Por ejemplo, de acuerdo a la ley estatal, una acusación de posesión simple puede recibir como sentencia un tratamiento contra las drogas en vez de encarcelamiento y, los infractores sin antecedentes penales que hayan cometido crímenes incluso más graves, podrían recibir libertad condicional. Frank A. Rubino, Esq. puede explicar las diferencias entre los sistemas judiciales federales Florida, tanto en términos generales como particulares con respecto a los cargos por drogas.

Fuentes de leyes federales relacionadas con cargos por drogas

Tradicionalmente, definir los delitos y su proceso judicial y castigo ha sido una función del gobierno de cada estado. El gobierno federal debe actuar dentro de los poderes otorgados por la Constitución al momento de definir un delito federal. Generalmente, el congreso utiliza sus poderes para aplicar impuestos, regular el comercio y controlar el sistema de correos cuando se establece un delito federal. Ejemplos de delitos federales incluyen fraude de correos (poder postal), delitos anti crimen organizado en RICO (poder comercial) y evasión de impuestos (poder tributario), cada uno de los cuales podría derivar a casos más graves relacionados con drogas, como una conspiración o negocio delictivo. El castigo para delitos federales es señalado por directrices federales de condena, que se basan en una tabla que incorpora dos elementos: el nivel de infracción y los antecedentes penales del infractor. En las directrices se indican numerosos niveles de infracción, con un nivel para cada delito federal, más cálculos para el aumento o disminución del nivel base, dependiendo de las características individuales del delito.

Las directrices de condena están siendo verificadas y actualizadas constantemente. En el año 2000, se hicieron modificaciones a las directrices en una serie de áreas, incluyendo cambios con relación a las condenas por posesión de metanfetaminas. Las directrices se han enfrentado a serias críticas por su imposición de condenas "mínimas obligatorias". En el año 2004, la Corte Suprema sostuvo que las directrices de condena eran orientadoras, no obligatorias. Un abogado penalista experimentado que comprenda las directrices de condena puede ayudar a garantizar la protección de sus derechos.

Finalmente, gran parte del procedimiento penal es determinado por los requerimientos de la Constitución. Ante todo, la Constitución exige que toda persona reciba un debido proceso legal antes de quitarles su vida, libertad o propiedad. La Cláusula de Debido Proceso es la base del requerimiento que exige que los delitos se definan claramente y que el gobierno pruebe cada elemento del delito más allá de toda duda razonable. La protección de la Cuarta Enmienda contra los allanamientos e incautaciones injustificadas, es la base de la regla de exclusión, que deja la evidencia ilegalmente incautada fuera del proceso penal y la porción de la Quinta Enmienda sobre autoincriminación forzada les da a los infractores el derecho de permanecer en silencio y no testificar en su propia defensa. La Sexta Enmienda garantiza al acusado el derecho a tener un abogado presente en todas las etapas del proceso penal, incluido el interrogatorio policial. Y la Octava enmienda prohíbe los castigos crueles e inusuales y se ha utilizado para invalidar las condenas severas y prevenir el abuso a los presos.

Existen noventa y cuatro tribunales federales de distrito, que cuentan con jurisdicción original sobre casos que involucran delitos federales, así como también sobre diversos tipos de casos civiles. Once cortes de apelación que reciben apelaciones de tribunales de distrito individuales. La Corte Suprema de Estados Unidos puede revisar casos de las cortes de apelación federales y cortes supremas estatales.

Conclusión

Los procesos y cargos de delitos por drogas se pueden presentar de conformidad con la ley federal o estatal, o en teoría, ambas. Un abogado con experiencia en derecho penal, como aquellos de Frank A. Rubino, Esq. en Miami, Florida, puede explicar las complejidades de ambos sistemas judiciales y representar celosamente en el tribunal correspondiente a las personas acusadas bajo cualquiera de los esquemas.